En el difícil reto que supone llevar adelante las políticas públicas para transformarlas en acciones y/o servicios que generen bienestar en la población de un determinado territorio, existen un conjunto de procesos o momentos intermedios que impactan directamente sobre la calidad de la intervención que se busca realizar, así como de los efectos que puede ocasionar en la vida de las personas. En esa línea, importantes trabajos han señalado en más de una oportunidad, que el manejo adecuado de la evidencia en las políticas públicas constituye un elemento potenciador que contribuye no solo a que se empleen de mejor forma los recursos, sino que también ofrece mayores posibilidades de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas (Jaime & Vaca, 2017). Aplicando ello al campo de la investigación sobre los fenómenos criminales, las necesidades se hacen mucho más urgentes, en tanto la disponibilidad de la información también suma a la evaluación de las acciones implementadas, permitiendo ver si es que, tras la ejecución de las acciones, programas o proyectos, determinados indicadores se vieron trastocados.
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