Las políticas represivas impulsadas y justificadas en nombre
de la llamada “guerra contra las drogas”, que tienen al encarcelamiento como principal forma de respuesta, han mostrado su ineficacia y fracaso, no sólo porque no se ha logrado
detener la oferta y demanda de sustancias sino también por
las consecuencias directas que se le asocian, como el crecimiento de la violencia (Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia, 2012).
Este tipo de accionar ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, ya que intensifica las diversas formas
de violencia a las que ellas son sometidas en una sociedad profundamente desigual, y sufren el impacto de estas
políticas dentro de un contexto más amplio de desigualdad estructural.
Podemos decir, entonces, que la guerra contra las drogas
se ha convertido en una guerra contra las mujeres, ya que
es la principal causa de su encarcelamiento en los últimos
años. Las mujeres, lejos de ser las protagonistas del tráfico, son las más vulnerables. Siendo responsables de ilícitos
menores o sin haber cometido ninguno, permanecen en
prisión sólo por ser pobres y no poder pagar una defensa justa. Y, además, cuando una de ellas es detenida, las
redes de narcotráfico rápidamente buscan su reemplazo
para seguir operando, con lo cual otra mujer es víctima de
las circunstancias.
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